Cuando la contraparte alarga el juicio a propósito

Hay una conversación que se repite. Una empresa tiene un caso sólido, un abogado bueno y una contraparte que no discute el fondo: discute todo lo demás. Incidentes, recursos, objeciones a documentos, solicitudes de plazo. Ninguna de esas actuaciones es ilegal por sí sola. Sumadas, tienen un efecto muy concreto: el juicio se estira y el costo se acumula sobre quien demanda.

Conviene decirlo sin dramatismo, porque no es una anomalía del sistema chileno ni una maldad particular de nadie. Es una consecuencia previsible de cómo están repartidos los incentivos.

Por qué al demandado le conviene el tiempo

En la mayoría de los conflictos comerciales, quien demanda es quien tiene algo que recuperar y quien es demandado es quien tiene algo que retener. Esa asimetría lo explica casi todo.

Mientras el juicio dura, el demandado conserva el dinero. Si tiene con qué defenderse, cada mes adicional le cuesta honorarios pero le ahorra el pago. Para el demandante ocurre lo contrario: cada mes adicional le cuesta honorarios y no le adelanta nada. El tiempo no es neutro. Trabaja para un lado.

A eso se suma un segundo efecto, menos visible y más decisivo. El demandante suele ser una empresa que necesita esa recuperación para algo —cerrar un ejercicio, financiar una operación, pagar a alguien más—. El demandado, en cambio, casi nunca depende del resultado del juicio para operar. Cuando una parte tiene urgencia y la otra no, el acuerdo tiende a firmarse en los términos de la que puede esperar.

La transacción que no se decidió, se aceptó

El desgaste rara vez termina en una derrota. Termina en un acuerdo.

Y ahí está el problema, porque desde afuera un acuerdo se ve igual sin importar por qué se firmó. Un acuerdo por 30 cuando el caso valía 100 se registra como una transacción, no como una pérdida. Nadie escribe en ninguna parte que se firmó porque el gerente de finanzas ya no podía seguir aprobando provisiones para un juicio sin fecha de término.

Esa es la forma más común en que se pierde plata en un litigio con mérito: no perdiendo, sino transando temprano y barato. Es también la más difícil de ver, porque la decisión parece razonable en el momento en que se toma. Cada paso individual lo es. El resultado agregado, no.

Qué se puede hacer, en orden

Primero, ponerle número al desgaste. La mayoría de las empresas sabe cuánto lleva gastado y no sabe cuánto le falta por gastar. Antes de cualquier otra cosa, conviene estimar el costo total del proceso hasta sentencia firme, incluida la ejecución: honorarios, peritajes, tasas si es arbitraje, y el tiempo interno de las personas que van a tener que seguir el caso durante años. Está desglosado en lo que cuesta un juicio en Chile y, si es arbitral, en lo que cuesta un arbitraje en el CAM Santiago. Sin ese número, no hay forma de saber si una oferta de acuerdo es buena o solo es alivio.

Segundo, distinguir la estrategia del ruido. Hay dilaciones que son parte legítima de la defensa y hay dilaciones que solo buscan agotar. Tu abogado sabe cuál es cuál y qué herramientas procesales existen para cada una. Esa evaluación es suya y no la reemplaza nadie: aquí solo importa que exista, porque el análisis del costo cambia por completo si lo que queda por delante son dos años o seis.

Tercero, separar la decisión económica de la jurídica. Son dos decisiones distintas y se toman con criterios distintos. Si el caso es bueno, la pregunta que queda no es jurídica: es quién carga con el costo de sostenerlo hasta el final.

Dónde entra el capital de un tercero

El financiamiento de litigios no acelera nada. No hay forma de que lo haga y cualquiera que lo prometa está vendiendo otra cosa. Lo que hace es cambiar quién soporta el costo del tiempo.

Cuando el proceso deja de consumir caja del demandante, el reloj deja de ser un argumento en la negociación. La empresa sigue teniendo el mismo caso, el mismo abogado y los mismos plazos, pero ya no tiene la presión que la llevaba a aceptar menos de lo que corresponde. En términos prácticos, la conversación de acuerdo vuelve a tratarse del mérito del caso y no de quién aguanta más.

Es un cambio acotado y vale la pena describirlo así, sin exagerarlo. No resuelve un caso débil. No hace más rápido a un tribunal. No reduce el desgaste personal de litigar, que es real y que no se financia. Lo que hace es quitarle a la contraparte una herramienta que hoy usa gratis.

Cuándo esta conversación llega tarde

Vale la pena decirlo, porque es el error que más vemos. La mayoría de las empresas evalúa el financiamiento cuando ya está agotada, es decir, en el peor momento posible para negociar cualquier cosa. Para entonces suele haber gasto hundido, una oferta de acuerdo sobre la mesa y poco tiempo para analizar nada.

El momento razonable para hacerse la pregunta es antes: al decidir si se demanda, o cuando se hace evidente que el proceso va a durar bastante más de lo que se supuso al principio. No porque haya que financiarse, sino porque conviene saber si es una opción disponible antes de que la presión decida por ti.